Issues: Immigration


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Sección 287 (g) permite al gobierno federal para devolver las competencias de los agentes de inmigración a los empleados estatales y locales. En concreto, afirma la Sección 287 (g):

El Fiscal General puede entrar en un acuerdo escrito con un Estado, o cualquier subdivisión política de un Estado, conforme al cual un funcionario o empleado del Estado o subdivisión, que está determinada por la Procuraduría General para ser calificado para realizar una función de una oficial de inmigración en relación con la investigación, la aprehensión o la detención de los extranjeros en los Estados Unidos (incluyendo el transporte de esos extranjeros a través de líneas del Estado a los centros de detención), puede llevar a cabo tal función en detrimento de la subdivisión de Estado o de política y de la medida que sea compatible con la ley estatal y local.

La ley indica que cualquier servidor público puede convertirse en un agente de deportación, de un oficial de policía a un agente de la seguridad del tráfico, el trabajador social de beneficios públicos, o empleado del hospital. En primer lugar, sin embargo, la entidad estatal o local debe firmar un acuerdo escrito con el gobierno federal que detalla los derechos y deberes de ser autorizados, la duración del contrato, y la oficina específica de inmigración federal que "supervisar y dirigir" cada funcionario deputized. Cada funcionario estatal o local también debe recibir "una formación adecuada en relación con la aplicación de las leyes federales de inmigración."